Protocolo de la Esperanza

Cuba : '"64 años de impunidad y violaciones de Derechos Humanos""

¿Qué es el Protocolo de la Esperanza?

El Protocolo de la Esperanza imagina un futuro digno y esperanzador para las personas defensoras de derechos humanos

Pretendiendo concientizar sobre el alto coste de las amenazas y la impunidad; se posiciona sobre la necesidad de una política pública de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y proporciona directrices para la investigación penal de las amenazas en su contra.

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Resumen ejecutivo

El Protocolo de la Esperanza (PLE) es una iniciativa para mejorar la respuesta a las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos (PDDH o personas defensoras).

Por décadas, las amenazas se han utilizado a nivel mundial para intimidar a las PDDH, sus familias, comunidades o aliados/as, y están dirigidas a inhibir la acción individual y colectiva. Las amenazas
no solo obstaculizan la importante labor que llevan a cabo las PDDH, sino que también afectan su vida cotidiana y la de sus familias, comunidades y aliados/ as, las ponen en peligro y tienen un efecto amedrentador sobre otras PDDH.

Las amenazas no solo indican una intención de causar daño a la persona defensora, sino que pueden en sí mismas ser constitutivas de violaciones de derechos humanos, tales como el derecho a defender derechos; los derechos a la vida, la seguridad, la integridad, la dignidad y la privacidad; el derecho a no ser torturado/a ni sometido/a a tratos crueles, inhumanos y degradantes; la libertad de opinión, expresión, información,
reunión y asociación; el derecho a acceder a la justicia nacional e internacional, así como la libertad de circulación y residencia, entre otros. Las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos son, por ello, un problema acuciante de derechos humanos. A pesar de la gravedad de las
amenazas, la mayoría de estos delitos permanecen impunes y sus autores no son identificados. La impunidad permite que se generen daños adicionales, alimenta los ciclos de violencia, inhibe aún más el trabajo de las personas defensoras y erosiona la participación ciudadana.

El Protocolo de la Esperanza promueve una respuesta adecuada a las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos, y comprende directrices de política pública y pautas para una investigación penal diligente.

El Protocolo establece una definición funcional de amenaza como “una conducta intencional que indica un daño futuro o que intimida a una PDDH, su familia o su comunidad”, incluyendo “amenazas individuales, colectivas, directas e indirectas, explícitas y simbólicas, independientemente de si tienen lugar en línea o fuera de línea”. Reconocemos que los Estados tipifican las amenazas bajo una variedad de tipos penales (por ejemplo, intimidación, obstrucción de la justicia, chantaje) y, por ello, el Protocolo puede ser relevante para responder a múltiples delitos tipificados en las jurisdicciones nacionales. El Protocolo no propone un tipo penal modelo. El marco legal del derecho internacional referido a la protección de las PDDH identifica, entre otros, las obligaciones generales de los Estados de respetar los derechos, de cumplir con las obligaciones reforzadas y específicas de debida diligencia hacia las PDDH, de garantizar la no discriminación y asegurar una reparación adecuada frente a las amenazas contra ellas.

El Protocolo incluye consideraciones relativas a las obligaciones estatales de desarrollar e implementar políticas públicas que aseguren un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos, así
como una política criminal específica en relación con las amenazas contra las PDDH, derivadas de las obligaciones generales del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. Las políticas públicas del Estado hacia las PDDH deben asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos, incluyendo, como mínimo, el apoyo público a la defensa de los derechos humanos, un marco legal nacional adecuado, políticas y mecanismos para proteger a las PDDH de manera individual, mecanismos de evaluación, y garantías para la privacidad y la protección de datos. La política criminal debe incluir consideraciones sobre la recopilación, la protección y el análisis de datos; la garantía de un análisis proactivo de las amenazas; servicios y mecanismos de protección a las víctimas; capacitación; y la garantía de recursos humanos y financieros adecuados para aplicar dicha política.

Por último, el Protocolo establece principios y amplias directrices para la investigación penal de las amenazas contra las PDDH, desde la recolección de pruebas, pasando por la investigación, hasta el juicio, además de considerar los principios para una reparación efectiva de acuerdo con el derecho internacional. En particular, desarrolla la importancia de asegurar que las investigaciones tomen en consideración el trabajo de la PDDH como una posible línea de investigación y se dirijan a identificar tanto a los autores materiales como intelectuales; que las investigaciones consideren el contexto en el que se producen las amenazas contra las PDDH, los patrones o tendencias relevantes de criminalidad y las características de los presuntos autores; y que los Estados garanticen los servicios a las víctimas y la participación de estas en los procesos. También desarrolla consideraciones específicas basadas en características particulares como la identidad de la víctima y los autores (por ejemplo, Estado, grupo criminal o actores empresariales), así como las modalidades de las amenazas (por ejemplo, en línea o fuera de línea).

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